Casi 1,7 millones de mexicanos vapean, y no hay indicios de que los intentos de prohibir los cigarrillos electrónicos vayan a reducir el consumo.
2. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que su gobierno planea prohibir los cigarrillos electrónicos para finales de este año y quiere consagrarlo en la Constitución, ya que las prohibiciones anteriores han sido impugnadas en los tribunales o han resultado ineficaces. Su partido, Morena, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de junio pasado y, con la supermayoría en el Congreso, tienen el poder de cambiar la constitución.
El país ya tiene una de las leyes antitabaco más estrictas del mundo. En enero, se aprobó un proyecto de ley para prohibir totalmente fumar en lugares públicos, incluida la calle, en un intento de reducir la tasa de tabaquismo, que actualmente es del 19%.
¿La prohibición impulsará un mercado negro preexistente?
A pesar de intentar proteger la salud pública, algunos temen que prohibir constitucionalmente los vaporizadores impulse un mercado negro controlado por grupos del crimen organizado.
El problema de enviar estos productos a la clandestinidad es que el gobierno perderá todas las formas de control sobre los vaporizadores. Si un vendedor vende de todos modos un cigarrillo electrónico ilegal, ¿qué diferencia haría la edad del comprador, si es mayor o menor de 18 años? Además, dado que es ilegal, ¿tendría sentido que un vendedor garantizara la calidad y la seguridad del producto?
En cambio, sería conveniente que el gobierno aprendiera las lecciones de países como Nueva Zelanda y optara por un enfoque de reducción de daños, que implicaría desarrollar un plan regulatorio para los vaporizadores que maximice el abandono del hábito de fumar entre los 12 millones de adultos que fuman en México y limite el consumo entre los jóvenes.
Además, el plan regulatorio puede incluir la imposición de impuestos adecuados, la emisión de pautas de uso público, el suministro de información sobre el producto, la aplicación de una edad mínima para la venta y restricciones individuales de productos en relación con las opciones de sabor y la concentración de nicotina en los productos de cigarrillos electrónicos. De esta manera se pueden alcanzar objetivos de salud pública más amplios en el país de manera mucho más efectiva.
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